El proyecto consistió en impulsar practicas productivas sostenibles en la industria de la raicilla (destilado de agave) que desde el año 2019 cuenta con denominación de origen en la sierra occidental del estado de Jalisco. Es una industria en franca expansión, se estima que en el año 2021 se produjeron 80,000 litros de destilado, en tanto que en 2024 se produjeron 500,000 litros.

Si bien ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, aún es una industria netamente artesanal. El programa consideró dos modalidades de apoyo a fondo perdido, la primera enfocada en la dotación de biodigestores anaerobios para el tratamiento de las vinazas. Estas son un subproducto del proceso de destilación que es altamente problemático con el medio ambiente derivado de su carga organica y su acidez, su disposición tiende a generar problemas tanto en los suelos como en los cuerpos de agua.

El biodigestor anaerobio es un mecanismo económico y eficaz para el tratamiento de la vinaza que a su vez genera dos subproductos de alto valor, biogas y biol. El biogás se puede utilizar en el proceso de destilación sustituyendo gas LP o leña, lo que se traduce en ahorros para los productores, tanto económicos como en tiempo. El biol a su vez, es un biofertilizante agricola que puede ser utilizado en todo tipo de cultivos.

La segunda modalidad contempló la dotación de biofabricas para la generación de biofertilizantes a partir de la reproducción controlada de microorganismos endémicos de la región, esto con el objetivo de ir reduciendo la cantidad de agroquimicos utilizado para el cultivo de los agaves utilizados para la elaboración de la raicilla. En total fueron beneficiadas 16 personas, 10 con la modalidad de biodigestor anaerobio y 6 con la modalidad de biofabricas, se cubrieron 8 municipios.

La principal problemática identificada fue de caracter ambiental y es la relativa a la gestión de un residuo tan complicado como la vinaza. La producción de raicilla, al igual que otros destilados de agave, genera un volumen significativo de vinazas, estimado entre siete y diez litros por cada litro de producto terminado. Estas vinazas presentan altas concentraciones de materia orgánica, elevada acidez y compuestos potencialmente contaminantes.

En ausencia de sistemas de tratamiento adecuados, suelen ser vertidas directamente en suelos o cuerpos de agua, provocando degradación ambiental, contaminación de acuíferos y afectaciones a ecosistemas locales. Este problema no es marginal: se trata de un pasivo ambiental acumulativo que, de no atenderse, compromete la sostenibilidad de toda la cadena productiva.

La problemática se agrava debido a las condiciones estructurales del territorio. Las unidades de producción de raicilla son, en su mayoría, pequeñas, dispersas geográficamente y con capacidades técnicas y financieras limitadas. Esto dificulta la adopción de soluciones convencionales de tratamiento de aguas residuales, que suelen requerir economías de escala, altos costos de inversión y capacidades operativas especializadas.

Además, los territorios donde se produce raicilla suelen caracterizarse por una débil presencia institucional, limitada infraestructura y bajos niveles de acceso a financiamiento, lo que incrementa la brecha entre la regulación ambiental existente y su implementación efectiva. Desde el punto de vista institucional, este reto se sitúa en la intersección de múltiples agendas públicas: desarrollo económico rural, sostenibilidad ambiental, transición energética y fortalecimiento de economías locales.

Sin embargo, estas agendas suelen operar de manera fragmentada. Por un lado, las políticas de fomento productivo buscan fortalecer cadenas de valor tradicionales sin necesariamente incorporar criterios ambientales robustos; por otro, la regulación ambiental establece estándares que resultan difíciles de cumplir para productores de pequeña escala sin mecanismos de apoyo adecuados.

Esta desconexión genera un vacío operativo en el que los productores quedan atrapados entre la necesidad de cumplir con normativas y la falta de instrumentos viables para hacerlo. Más allá de su dimensión técnica, la problemática refleja un desajuste más profundo entre las lógicas del capital y las dinámicas territoriales. Mientras que los esquemas de inversión y financiamiento suelen privilegiar proyectos escalables, estandarizables y de rápida implementación, los territorios rurales operan bajo lógicas distintas: basadas en relaciones de confianza, tiempos largos de maduración y una alta dependencia del contexto local.

Esta asimetría no solo es financiera, sino también epistemológica: las soluciones suelen diseñarse desde fuera del territorio, sin incorporar plenamente el conocimiento local ni las condiciones específicas de producción. En este contexto, la gestión de vinazas en la industria raicillera no puede entenderse únicamente como un problema de tratamiento de residuos, sino como un desafío de diseño institucional y de innovación territorial.

La ausencia de soluciones adecuadas no responde a una falta de tecnologías disponibles como los biodigestores anaerobios o los sistemas de aprovechamiento de subproductos sino a la falta de modelos de implementación que sean compatibles con las características del territorio. Es decir, el problema central no es tecnológico, sino de articulación. La relevancia pública de este reto es múltiple.

En primer lugar, desde una perspectiva ambiental, la mitigación de la contaminación por vinazas es fundamental para la protección de suelos, cuerpos de agua y biodiversidad en regiones de alto valor ecológico. En segundo lugar, desde una perspectiva económica, la sostenibilidad de la industria raicillera es clave para el sustento de comunidades rurales, contribuyendo a la generación de ingresos y a la reducción de desigualdades territoriales.

En tercer lugar, desde una perspectiva energética y de transición ecológica, la valorización de residuos orgánicos mediante tecnologías como los biodigestores abre oportunidades para la generación de energía limpia y la producción de bioinsumos, contribuyendo a modelos de economía circular. Finalmente, la relevancia del reto radica en su potencial para redefinir la forma en que se conciben las intervenciones públicas en territorios rurales.

En lugar de buscar la simple replicación de soluciones, se abre la oportunidad de diseñar modelos que fortalezcan la capacidad de agencia territorial, integrando a los productores como actores económicos activos y no solo como beneficiarios de programas. Esto implica transitar hacia esquemas de coinversión, acompañamiento técnico y construcción de capacidades locales que permitan alinear los objetivos ambientales con las dinámicas productivas del territorio.

El proyecto se considera innovador porque no se limita a otorgar apoyos económicos, sino que introduce un modelo integral de intervención que articula innovación metodológica, tecnológica, organizacional e institucional en un sector tradicionalmente rezagado en términos de sostenibilidad. En términos metodológicos, el programa está construido explícitamente bajo un enfoque de política pública basada en evidencia.

Desde su diseño incorpora información sectorial previa como la radiografía estadística de la industria, el diagnóstico realizado con la ayuda del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla para definir el problema, focalizar a la población objetivo y establecer criterios de selección medibles. Además, utiliza una lógica de intervención estructurada (Teoría del Cambio) que vincula claramente actividades, componentes y resultados esperados, lo cual no es común en programas productivos de pequeña escala.

A esto se suma un esquema de evaluación conducida por el Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático del Tec de Monterrey que llevará a cabo análisis técnico cientificos para evaluar componentes del programa. En el componente tecnológico, si bien las herramientas como los biodigestores anaerobios no son nuevas en sí mismas, su aplicación en este contexto sí lo es.

La innovación está en adaptar estas tecnologías a escalas pequeñas, con costos accesibles y con requerimientos operativos compatibles con las capacidades locales. Además, se plantea no solo el tratamiento de residuos, sino su valorización: la conversión de vinazas en biogás y bioinsumos. Esto transforma un pasivo ambiental en un activo productivo, lo cual cambia completamente la lógica económica del problema.

Otro elemento innovador es la integración de la economía circular como principio operativo, no como concepto aspiracional. En muchos casos, la economía circular se queda en el discurso. Aquí se traduce en flujos concretos: residuos que se convierten en energía, subproductos que regresan al sistema productivo, y reducción de dependencias externas (por ejemplo, en fertilizantes o combustibles).

Esta integración tiene implicaciones directas en la resiliencia de los productores. Desde la perspectiva institucional, el proyecto aborda uno de los vacíos más persistentes en la política pública: la falta de instrumentos intermedios entre la regulación y el subsidio. Actualmente, los productores enfrentan normas ambientales que deben cumplir, pero sin herramientas adecuadas para hacerlo.

Esta iniciativa busca precisamente llenar ese espacio, articulando acompañamiento técnico, financiamiento y modelos de implementación viables. Es decir, no se limita a exigir cumplimiento, sino que construye las condiciones para que éste sea posible. Este programa continuará durante los siguientes años, buscando que al finalizar el sexenio, todos los productores que así lo deseen se sumen y se pueda declarar a la raicilla como una industria con prácticas sostenibles generalizadas.

El primer paso fue establecer una alianza con el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla que aglutina a alrededor de 250 personas, entre ellos productores y comercializadores, ellos nos ayudaron a entender mejor las problemáticas del sector y a conducir un diagnóstico que fue de mucha utilidad para diseñar el programa. A lo largo de la implementación estuvieron acompañando todo el proceso y se presentaron avances en la sesiones mensuales de sus asambleas.

De manera posterior, se buscó una alianza con el Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático del Tec de Monterrey para que se sometiera ante el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología una solicitud de apoyo que otorgara los recursos económicos necesarios para la conducción de un estudio técnico-cientifico que evalúe el impacto de la biodigestión en la producción de biogás, así como la utilización del biol en los campos agaveros.

Finalmente, los productores, el eslabón más importante de todos, con ellos se trabajó desde el diagnóstico para entender de mejor manera la realidad territorial y productivo bajo la que operaban, conocer la configuración de la taberna y validar que la instalación ya sea de las biofabricas o los biodigestores fuera oportuna. Se realizaron visitas previas a la instalación, durante la instalación y de manera posterior a la instalación, buscando que el acompañamiento fuera permanente.

La construcción de confianza y cercanía fue un paso fundamental para la implementación exitosa del proyecto.

La sostenibilidad del programa se asegura a partir de un diseño que integra de manera coherente sus dimensiones financiera, institucional y operativa, evitando depender de esfuerzos aislados o de corto plazo. En términos de sostenibilidad financiera, el programa cuenta con una fuente de financiamiento estable y predefinida a través del Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco (FIMJA), el cual se alimenta de la retención del cinco al millar (0.5%) de contratos públicos.

Este mecanismo le da previsibilidad presupuestal y reduce la dependencia de asignaciones discrecionales anuales . Además, el esquema de coinversión donde el recurso público se destina a activos productivos que generan valor (biofertilizantes, biogás, mejora de suelos) fortalece la viabilidad económica de los beneficiarios, incrementando su capacidad de sostener y escalar las soluciones implementadas sin requerir subsidios permanentes.

A esto se suma que los apoyos están focalizados en unidades económicas ya operativas, lo que reduce el riesgo financiero y aumenta la probabilidad de continuidad de las inversiones. Desde la dimensión institucional, la sostenibilidad se apoya en una arquitectura clara de gobernanza. El programa no depende de una sola entidad, sino que distribuye funciones entre el fideicomiso (financiamiento y lineamientos), la agencia especializada (COINVIERTE, responsable de la operación) y los productores (implementación directa).

Esta separación de roles reduce riesgos de captura, mejora la rendición de cuentas y permite continuidad más allá de ciclos administrativos . Adicionalmente, el programa está alineado con una estrategia estatal más amplia de competitividad y sostenibilidad del sector primario, lo que asegura su relevancia dentro de la política pública y facilita su permanencia en el tiempo.

En cuanto a la sostenibilidad operativa, el programa incorpora mecanismos que van más allá de la simple entrega de apoyos. Por un lado, incluye procesos estructurados de selección, acompañamiento técnico, formalización mediante convenios y seguimiento en campo, lo que asegura que los proyectos no solo se aprueben, sino que efectivamente se implementen y funcionen .

Por otro, se ha construido una base de información y aprendizaje operativo a partir de la ejecución del programa, lo que permite ajustar su diseño y mejorar su efectividad en ciclos posteriores. Asimismo, el enfoque hacia el monitoreo de resultados y no solo de cumplimiento, sienta las bases para medir impactos reales y tomar decisiones informadas sobre su continuidad y escalamiento.

Finalmente, la sostenibilidad también se refuerza desde la lógica productiva: al promover tecnologías que reducen costos (insumos químicos) y generan beneficios directos (fertilidad del suelo, aprovechamiento de residuos), el programa alinea los incentivos económicos de los productores con los objetivos ambientales. Esto es clave, porque asegura que las prácticas adoptadas se mantengan en el tiempo por conveniencia propia, y no únicamente por obligación o subsidio.

El programa presenta un alto potencial de escalabilidad y replicabilidad porque no está diseñado como una intervención aislada, sino como un modelo transferible que articula financiamiento, tecnología, capacidades productivas y gobernanza institucional en torno a un problema común en múltiples territorios: la baja adopción de prácticas sostenibles en el sector primario.

En términos de escalabilidad, el programa parte de una lógica modular. Sus componentes —equipamiento para tratamiento de residuos (biodigestores) y regeneración de suelos (biorreactores), acompañados de capacitación pueden expandirse en número de beneficiarios sin requerir rediseños estructurales. La evidencia inicial muestra una demanda calificada alta (con puntajes de aprobación significativamente por encima del mínimo requerido), lo que sugiere que el universo potencial de beneficiarios es mayor al actualmente atendido .

Esto implica que, con incrementos en el presupuesto o la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento, el programa puede crecer de manera relativamente directa. Además, el modelo reduce riesgos típicos de escalamiento en política pública. No depende de subsidios recurrentes para operación, sino de inversiones puntuales en activos productivos que generan beneficios económicos y ambientales para los usuarios.

Esto significa que el crecimiento del programa no genera cargas fiscales permanentes proporcionales, lo cual es clave para su sostenibilidad a gran escala. Desde el punto de vista institucional, la escalabilidad se facilita por la claridad en la arquitectura de implementación. La separación de funciones entre financiamiento (FIMJA), operación (COINVIERTE) y ejecución (productores) permite replicar el modelo en otros contextos donde existan instrumentos financieros equivalentes o agencias de desarrollo territorial.

No es un modelo dependiente de capacidades individuales, sino de reglas y procesos institucionalizados . En cuanto a la replicabilidad, el programa aborda problemáticas que no son exclusivas de la raicilla ni de Jalisco. La generación de residuos orgánicos (como vinazas), la degradación de suelos y la dependencia de insumos químicos son desafíos estructurales presentes en múltiples cadenas agroindustriales (tequila, mezcal, café, caña de azúcar, entre otras).

En este sentido, el modelo puede adaptarse a distintos cultivos o industrias, ajustando únicamente los parámetros técnicos del equipamiento y los criterios de elegibilidad, pero manteniendo intacta su lógica de intervención. Un elemento clave de replicabilidad es que el programa no parte de cero en cada territorio, sino que se apoya en información estadística sectorial y en procesos de evaluación basados en evidencia.

Esta metodología permite “aterrizar” el modelo en nuevos contextos con diagnósticos específicos, reduciendo el riesgo de implementación. Es decir, no se replica como plantilla rígida, sino como marco adaptable basado en datos y aprendizaje acumulado . Asimismo, el programa ha comenzado a generar aprendizaje operativo sistematizable, derivado del acompañamiento a beneficiarios, la validación técnica de proyectos y la verificación en campo.

Este conocimiento si se formaliza en protocolos, guías técnicas y criterios de selección puede transferirse a otras regiones o instituciones, reduciendo los costos de implementación inicial y acelerando su adopción. Otro factor que favorece la replicabilidad es el alineamiento de incentivos. El programa no impone prácticas sostenibles por regulación, sino que las hace económicamente viables para los productores.

Al reducir costos (fertilizantes) y generar subproductos útiles, crea condiciones para que las soluciones se mantengan y difundan por adopción voluntaria. Este tipo de innovación es más fácilmente replicable porque no depende de contextos regulatorios específicos, sino de racionalidad económica básica. Finalmente, es importante señalar que la escalabilidad del programa no implica replicar proyectos idénticos, sino escalar un enfoque: pasar de intervenciones fragmentadas a modelos de coinversión que fortalecen capacidades territoriales.

En este sentido, el valor del programa no está únicamente en los equipos instalados, sino en la construcción de un sistema que conecta financiamiento público, conocimiento técnico y actores locales para transformar prácticas productivas.

Los principales resultados del programa se reflejan en la materialización efectiva de sus componentes, la correcta focalización de los recursos y la generación de capacidades productivas sostenibles en las unidades beneficiarias. En primer lugar, destaca la implementación concreta de soluciones tecnológicas en territorio. El programa logró la instalación de 10 biodigestores para el tratamiento de vinazas y la producción de biofertilizantes, así como 6 biorreactores para la regeneración de suelos y la reproducción de microorganismos endémicos .

Estos equipos representan un cambio sustantivo en los procesos productivos, al permitir el manejo adecuado de residuos y la transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles. Un segundo resultado relevante es la correcta focalización de los apoyos hacia unidades económicas con alta pertinencia. Los proyectos seleccionados alcanzaron promedios de evaluación de 88.7 y 91.16 puntos sobre 100, muy por encima del mínimo requerido, lo que evidencia un proceso de selección riguroso y alineado con los objetivos del programa .

Además, los beneficiarios corresponden a empresas con trayectoria (entre 5 y 9.5 años de operación) y generación de empleo, lo que incrementa la probabilidad de adopción sostenida de las tecnologías. En tercer lugar, el programa logró una cobertura territorial estratégica, beneficiando principalmente a municipios del interior del estado como Mascota, Mixtlán, San Sebastián del Oeste, Cuautla, Ayutla, Ameca, Chiquilistlán y Guachinango .

Esto contribuye a reducir brechas regionales y a fortalecer economías locales fuera de la zona metropolitana, alineándose con objetivos de desarrollo territorial más equilibrado. Otro resultado clave es el aseguramiento de la correcta implementación de los apoyos. A través de visitas de campo, se verificó no solo la instalación de los equipos, sino también la capacitación asociada a su uso, garantizando que las inversiones realizadas se traduzcan en cambios reales en los procesos productivos .

Este componente de seguimiento fortalece la efectividad del programa y reduce riesgos de uso inadecuado de los recursos. Adicionalmente, el programa ha generado un resultado menos visible pero estratégico: la construcción de una base de evidencia y aprendizaje operativo. La información recabada sobre los beneficiarios (tipo de producción, biomasa generada, características de las unidades económicas) y el acompañamiento técnico realizado constituyen insumos clave para mejorar el diseño del programa y facilitar su escalamiento en el futuro.

Finalmente, en términos cualitativos, el programa ha comenzado a detonar una transición hacia modelos productivos más sostenibles, al incentivar la adopción de tecnologías que reducen el uso de insumos químicos, mejoran la calidad del suelo y aprovechan residuos productivos. Si bien la medición de impactos de largo plazo aún está en proceso, los resultados iniciales muestran que el programa ha logrado sentar las bases para cambios estructurales en la forma de producir en el sector.