La Asamblea Climática de Nuevo León (ACNL) es el primer ejercicio de democracia deliberativa en materia climática realizada en México. Implementada entre 2024 y 2025, esta iniciativa reunió a personas que viven en zonas de alta vulnerabilidad climática, expertos y más de 10 instituciones públicas para deliberar y emitir recomendaciones sobre medidas de acción para la adaptación al Cambio Climático en la Zona Metropolitana de Monterrey. Las Asambleas Climáticas son mecanismos de democracia deliberativa, de discusión y reflexión, impulsadas para que personas seleccionadas al azar, asuman un rol central en la toma de decisiones sobre el cambio climático en América Latina. El proyecto fue impulsado mediante una alianza institucional conformada por la Secretaría de Participación Ciudadana y la Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno del Estado de Nuevo León, el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y el Instituto del Sur Urbano. A través de un innovador sorteo cívico territorializado, se seleccionaron por insaculación a 53 personas asambleístas, garantizando que el 75% de las y los participantes provinieran de zonas con alta exposición a riesgos climáticos (como las inmediaciones del Río Pesquería y zonas de islas de calor de la zona metropolitana de Monterrey). Se aplicó una acción afirmativa histórica para incluir identidades de género no binarias. Durante cuatro jornadas de trabajo (7, 8, 21 y 22 de septiembre 2024), la Asamblea analizó 16 líneas de acción de adaptación del Programa Estatal de Cambio Climático (PECC). Utilizando la metodología de priorización RICE (Alcance, Impacto, Confianza y Esfuerzo), las personas generaron propuestas viables que se tradujeron en cuatro compromisos institucionales vinculantes:

1. Creación de un sistema de redes comunitarias climáticas
2. Monitoreo y conservación de áreas verdes
3. Educación de cambio climático
4. Cultura climática. Para garantizar la rendición de cuentas, el proyecto implementó una ruta de seguimiento a los compromisos institucionales, con eventos específicos de rendición de cuentas programados en marzo, junio y que culminó en septiembre de 2025 con la primera Glosa Ciudadana Climática. El proyecto arrojó resultados tangibles —como la instalación de cinco Comisiones Climáticas Comunitarias, la donación de más de 35,400 árboles nativos y el ahorro potencial de 109 millones de litros de agua anuales. La Asamblea Climática de Nuevo León se insertó dentro de un ciclo regional latinoamericano conocido como (Re)surgentes, una red de asambleas climáticas integradas por más de 200 personas elegidas al azar en cuatro ciudades de América Latina: Bujarú (Brasil), Buenaventura (Colombia), Mar del Plata (Argentina) y Monterrey (México). Esta red representa un esfuerzo coordinado para enfrentar la crisis climática desde una perspectiva regional y cooperativa

El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) enfrenta una crisis climática severa y multifactorial caracterizada por el estrés hídrico crónico, la proliferación de islas de calor urbanas (con temperaturas hasta 5°C superiores al entorno rural), y fenómenos meteorológicos extremos que detonan inundaciones y deslaves, afectando de forma desproporcionada a los asentamientos irregulares y zonas periféricas.

Históricamente, las soluciones a estos problemas se han diseñado desde un enfoque técnico y centralizado, dejando fuera las vivencias, conocimientos y necesidades de las comunidades que sufren en primera línea los estragos de la emergencia climática. La falta de un lenguaje común y de mecanismos de participación vinculantes generaba desconfianza ciudadana y limitaba la efectividad de los programas ambientales.

El cambio climático no es solo un desafío técnico, sino un problema de justicia social. En Nuevo León, el 92% de la población reside en el AMM, exponiendo a millones de personas a la pérdida de patrimonio, salud y bienestar por la falta de resiliencia urbana. El reto principal consistía en democratizar la política climática: transitar de una toma de decisiones de "escritorio" a un modelo de gobernanza inclusiva que canalizara la inteligencia colectiva para priorizar recursos, legitimar acciones y generar corresponsabilidad.

La Asamblea Climática de Nuevo León generó valor público al instituir un modelo de democracia deliberativa climática. Al empoderar a 53 ciudadanos —representativos de la diversidad demográfica y territorial del AMM—, el proyecto logró que las voces históricamente marginadas dictaminaran las prioridades de adaptación del Programa Estatal de Cambio Climático (PECC).

El valor público se materializó en tres dimensiones fundamentales: Políticas públicas territorializadas: A través de la metodología RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort) se priorizaron las recomendaciones que emitieron las y los asambleístas, garantizando que el Gobierno invirtiera un mayor esfuerzo en lo que la ciudadanía determinó como de mayor impacto y urgencia.

La iniciativa trascendió la consulta para generar capacidades instaladas. Al conformarse cinco comisiones climáticas comunitarias en el polígono crítico del Río Pesquería detonó una red de protección barrial que beneficia directamente a más de 41,590 personas. Rendición de cuentas horizontal: La creación de la "Glosa Ciudadana Climática" estableció un espacio inédito donde los funcionarios públicos respondieron frente a la ciudadanía sobre el avance de los cuatro compromisos acordados.

La Asamblea Climática de Nuevo León es un ejercicio innovador que redefine la participación ciudadana en México y América Latina, destacando por su innovación en múltiples dimensiones: Innovación Metodológica A diferencia de las Asambleas Climáticas europeas que se basan exclusivamente en variables sociodemográficas (edad, género, nivel educativo), Nuevo León innovó al introducir la vulnerabilidad climática territorial como criterio rector.

A través de cartografía e identificación de islas de calor y zonas de deslaves, se garantizó que el 75% de las y los asambleístas provinieran de los "puntos" de la crisis climática (como las inmediaciones del Río Pesquería). Mecanismos innovadores para propiciar la participación de las personas Reconociendo que el tiempo y los espacios son barreras estructurales para los procesos participativos, el Instituto del Sur Urbano emitió un pago compensatorio de $1,700 MXN para dignificar el tiempo de las y los asambleístas.

Con la misma consigna de facilitar la inclusión en el ejercicio deliberativo de personas que residen en zonas periféricas con mayor vulnerabilidad climática, las sesiones de la Asamblea se celebraron en el Macrocentro Comunitario San Bernabé, una capacidad pública en la zona Norte de la ciudad, dentro de uno de los polígonos identificados como prioritarios, cambiando los patrones de desplazamiento para la participación.

Asimismo, se celebraron los encuentros durante fines de semana (sábado y domingo). Implementación del Sistema RICE en Políticas Públicas Se adaptó la metodología RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort), originalmente usada en el sector privado para gestión de productos, aplicándola a la evaluación ciudadana de políticas ambientales. Esto permitió que ciudadanas y ciudadanos sin perfil técnico pudieran priorizar presupuestos y proyectos basándose en evidencia, factibilidad y costo-beneficio social, mitigando los sesgos emocionales.

Acción Afirmativa de Identidad de Género Durante el proceso de insaculación en vivo por canal 28 TV, al identificar registros de personas no binarias en un sistema diseñado para paridad hombre-mujer, el Grupo Impulsor innovó ampliando la asamblea de 50 a 53 participantes para integrar a tres personas no binarias. Este acto de flexibilidad metodológica sentó un precedente global en la inclusión de diversidades de género en la democracia deliberativa.

Innovación en la gobernanza colaborativa del proyecto Se creó el Grupo Impulsor de la Asamblea Climática que unió al Consejo Nuevo León, (organismo de planeación estratégica con visión de largo plazo del Estado), con las ramas operativas del Gobierno (Medio Ambiente y Participación Ciudadana) y el rigor metodológico de la sociedad civil (Instituto del Sur Urbano) que permitió preparar, celebrar y dar seguimiento a la Asamblea Climática.

Se creó la primera Glosa Ciudadana Climática de México. En este formato, llevado a cabo en el Palacio de Gobierno, las autoridades rindieron cuentas frente a las personas asambleístas, quienes fungieron como un órgano evaluador con derecho a réplica sobre los cuatro compromisos pactados. Innovación Tecnológica y de Alcance De forma paralela al desarrollo de las cuatro Asambleas Climáticas en América Latina, se desarrolló un proceso de participación social en el espacio digital (pacto.resurgentes.org) para la construcción de un Pacto Interciudad entre las Asambleas locales.

El Pacto Interciudad es un instrumento de incidencia pública, construido de manera colaborativa, donde las personas y ciudades definen una visión estratégica para afrontar la crisis climática desde América Latina para el mundo.

La Asamblea Climática se gestó mediante una gobernanza colaborativa formalizada a través de un Convenio Marco de Coordinación. El Instituto del Sur Urbano (SUR) fungió como la organización de la sociedad civil que trajo el modelo deliberativo de la red (Re)surgentes a México. El Consejo Nuevo León fomentó la articulación del Grupo Impulsor de la Asamblea Climática.

Acompañó la postulación del Área Metropolitana de Monterrey como ciudad sede en México y brindó acompañamiento técnico a lo largo del proyecto. La Secretaría de Participación Ciudadana lideró el diseño logístico, las estrategias de invitación comunitaria y el andamiaje del sorteo cívico. La Secretaría de Medio Ambiente operó como el brazo técnico, proveyendo la información gubernamental, estructurando las 16 líneas de acción del PECC para la deliberación ciudadana y ejecutando los programas derivados.

Organizaciones locales como Supera A.C. y TECHO fueron vitales en el despliegue territorial, realizando mediación comunitaria y apoyando la distribución en mano de más de 600 invitaciones en asentamientos precarios, construyendo la confianza necesaria para el registro. Organismos Internacionales: El proceso fue validado y observado técnicamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF), asegurando el cumplimiento de altos estándares internacionales de transparencia democrática.

Ciudadanía en General: Actores centrales del proceso. No solo los 53 asambleístas deliberaron, priorizaron las políticas e impulsaron la Glosa Ciudadana, sino que más de 543 ciudadanas y ciudadanos se involucraron desde la fase de registro, demostrando un alto interés comunitario.

La sostenibilidad de la Asamblea Climática de Nuevo León (ACNL) se impulsó desde su concepción, mediante un Convenio de Colaboración. El principal mecanismo de continuidad institucional radica en la vinculación directa de los resultados de la asamblea con los instrumentos de planeación oficiales del Estado. A diferencia de las consultas no vinculantes, las recomendaciones ciudadanas fueron formalizadas a través de la publicación de un Addendum al Programa Estatal de Cambio Climático (PECC) en el Periódico Oficial del Estado.

Al elevar las decisiones de la Asamblea a rango de política pública oficial, se crearon obligaciones jurídicas para la administración pública que trascienden los ciclos administrativos. Para asegurar que los esfuerzos no se diluyeran, la operatividad del proyecto se enraizó directamente en el territorio. Como resultado de la Asamblea, se constituyó el Sistema de Redes Comunitarias Climáticas, instalando de manera permanente cinco Comisiones Climáticas Comunitarias en el polígono del Río Pesquería (aprovechando la estructura legal de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material ya existentes).

Estas comisiones garantizan una base social que sigue operando, monitoreando y gestionando soluciones locales para más de 41,590 personas sin depender exclusivamente del gobierno central. Para la continuidad, se diseñó un ciclo continuo de evaluación y retroalimentación que abarcó desde la conclusión de la primera asamblea hasta el primer aniversario del ejercicio.

La cronología establecida incluyó eventos específicos de rendición de cuentas programados estratégicamente para marzo, junio y septiembre de 2025, culminando con la implementación de la primera Glosa Ciudadana Climática en la historia de Nuevo León.

El modelo de la Asamblea Climática de Nuevo León fue diseñado deliberadamente para ser adaptable y altamente escalable a otras temáticas de política pública y a otras geografías de México y América Latina. A lo largo del proyecto, se contempló la creación de diversos instrumentos que documentaron el proyecto. Por ejemplo, el Cuardernillo de Formación Climática dirigido a Asambleístas; el Informe de Recomendaciones de la Asamblea Climática y Retroalimentación al Programa Especial Cambio Climático y finalmente, se encuenta en proceso de publicación el “Libro Memorias de Asamblea Climática” que busca ser ser un protocolo estructurado de transferencia metodológica.

Este manual documenta detalladamente el diagnóstico contextual, el diseño logístico de la convocatoria híbrida, el sorteo cívico televisado, la estructura de la moderación y la implementación del método de priorización RICE. Al contar con este bien público de conocimiento, cualquier municipio o entidad federativa puede reducir la curva de aprendizaje y los costos de diseño para montar su propia asamblea.

La ACNL probó que es factible superar las barreras socioeconómicas y la brecha digital que usualmente truncan la participación en el Sur Global. Al implementar una metodología híbrida —con brigadas que entregaron invitaciones puerta por puerta en asentamientos precarios, en conjunto con un pago compensatorio de $1,700 MXN para dignificar el tiempo de los asistentes— el proyecto demostró una escalabilidad real en contextos de alta marginación.

La inclusión como acción afirmativa (integrando activamente las diversidades de género) y la formación técnica traducida a un lenguaje accesible garantizan que este modelo puede replicarse de manera exitosa en realidades sociales complejas en cualquier lugar del país. Al nacer dentro del proyecto latinoamericano (Re)surgentes, la arquitectura del proyecto ya está conectada con plataformas de escalamiento internacional.

La experiencia de Nuevo León demostró que el modelo de asambleas puede interconectarse (a través de pactos inter-ciudades digitales) con ejercicios en Brasil, Colombia y Argentina. Adicionalmente, el andamiaje del sorteo cívico, las mesas deliberativas y la "Glosa Ciudadana" son herramientas agnósticas a la temática: el mismo proceso es perfectamente replicable a nivel municipal, estatal o federal para resolver conflictos sobre desarrollo urbano, salud pública, seguridad o movilidad.

La Asamblea Climática de Nuevo León arrojó resultados contundentes divididos en tres áreas: la innovación participativa per se, la priorización de políticas públicas y la implementación operativa de los compromisos. Resultados del Proceso Deliberativo y Participativo Inclusión Radical y Movilización Social: Se alcanzó un registro efectivo de 543 personas interesadas.

Se seleccionó a un grupo de 53 asambleístas, compuesto por un 51% de mujeres, 43.4% de hombres y un 5.7% de personas no binarias, cumpliendo y superando estándares internacionales de inclusión de género y garantizando que el 75% de los tomadores de decisión provinieran de zonas críticas de vulnerabilidad climática. Innovación en el Diagnóstico Técnico-Ciudadano: Mediante la metodología RICE, los 53 ciudadanos analizaron, calificaron y priorizaron 16 líneas de acción del PECC.

El escrutinio público derivó en un mandato claro y focalizado para la administración pública estatal. Resultados Institucionales Como resultado directo de la evaluación ciudadana, el Grupo Impulsor asumió públicamente y presupuestó cuatro compromisos operativos a ejecutar durante el año 2025: Creación de un Sistema de Redes Comunitarias. Programa intensivo de Monitoreo de Áreas Verdes.

Formación en Educación Climática. Desarrollo de Cultura Climática domiciliaria. Estas medidas se integraron oficialmente como un addendum normativo al Programa Estatal de Cambio Climático (PECC), publicándose en el Periódico Oficial del Estado. Resultados Operativos de Implementación (corte septiembre 2025) - Despliegue Comunitario: Se logró la meta de instalación de 5 Comisiones Climáticas Comunitarias en las zonas aledañas al Río Pesquería (La Alianza, Lorenzo Garza, Rincón de San Bernabé, Vicente Suárez y Valle La Esperanza).

Esta red vecinal se convirtió en el primer escudo cívico frente a contingencias, impactando a 41,590 personas. Reforestación y Áreas Verdes: Se lanzó el programa Ayudamos con Más Árboles, logrando la distribución y plantación de 35,400 árboles nativos, además de consolidar 45 sitios certificados de Bosques Ciudadanos (parques, escuelas y camellones). - Eficiencia Hídrica y Cultura Climática: Se ejecutó la campaña ¡Ahora, Ahorra!, distribuyendo 1,500 regaderas ecológicas bajo normativas CONAGUA en zonas de estrés hídrico.

Esta acción técnica directa generó un ahorro de 420 litros semanales por regadera, traduciéndose en una mitigación y ahorro colectivo potencial de 109 millones de litros de agua anuales. - Educación y Sensibilización: Se impartieron programas educativos, conferencias y talleres que beneficiaron directamente a 590 personas en distintos niveles académicos (desde jardines de niños hasta universidades) - Rendición de Cuentas (La Glosa Ciudadana): El resultado culminante a nivel democrático fue la exitosa celebración de la Glosa Ciudadana en septiembre de 2025.

Con 101 asistentes en el Palacio de Gobierno, el Estado se sometió a la evaluación directa de los asambleístas, quienes utilizaron el derecho de réplica para cuestionar y validar los resultados. Esta acción consolidó un ciclo perfecto de innovación pública: desde la ideación ciudadana, hasta el financiamiento y la evaluación comunitaria final.