Verificación Jalisco es un modelo innovador estatal que asegura la regulación de emisiones contaminantes provenientes de vehículos automotores, para garantizar mejores condiciones de calidad del aire. La iniciativa rediseñó de forma integral la manera en que se había prestado el servicio; históricamente el servicio de verificación se prestaba a través de un esquema con procesos opacos, supervisión limitada, cobros directos que favorecían prácticas deshonestas, precios definidos de manera discrecional, sujetos a condiciones de oferta y demanda y poca o nula trazabilidad, entre otras irregularidades.

El modelo actual parte de una visión integral del proceso con un enfoque de servicio a la ciudadanía, asegurando en todo su planteamiento la transparencia, la calidad y la eficiencia. El servicio cuenta con una tarifa homologada y clara para todas las personas; permitiendo únicamente el pago en línea a través del portal oficial, el equipamiento para realizar el proceso también está homologado; los resultados técnicos son automatizados conforme a la norma aplicable; existe un monitoreo centralizado en tiempo real; y trazabilidad digital integral de cada prueba.

Todo esto se logra en gran parte gracias a una plataforma única estatal para citas, pagos e información del servicio. La innovación principal fue utilizar tecnología, reglas operativas e instrumentos institucionales para reducir espacios de discrecionalidad, fortalecer la supervisión pública y dar mayor certeza a las personas usuarias. La evaluación técnica del vehículo dejó de depender de decisiones individuales y se integró a un sistema automatizado, auditable y sujeto a controles permanentes.

El modelo genera valor público en tres dimensiones. En lo institucional, fortalece la rectoría del Estado y su capacidad de supervisar un servicio ambiental de alta interacción ciudadana. En lo social, brinda mayor certeza sobre costos, procedimientos y resultados. En lo ambiental, mejora las condiciones para identificar vehículos con emisiones fuera de norma, promover mantenimiento preventivo o correctivo y generar información estructurada para orientar decisiones de política pública en materia de control de emisiones.

Además de evaluar vehículos de forma individual, el sistema produce datos sobre operación, resultados, desempeño de pruebas y comportamiento del parque vehicular verificado. Esta información permite fortalecer la supervisión, detectar áreas de mejora y avanzar hacia una gestión ambiental basada en evidencia. La experiencia es replicable en otras entidades federativas y en otros servicios públicos que requieren inspección técnica, pagos regulados, evidencia auditable y control institucional.

Su relevancia está en la construcción de un sistema público confiable para una política ambiental que requiere continuidad, supervisión y datos verificables.

La contaminación atmosférica es un problema público con efectos directos sobre la salud, el ambiente y la calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud señala que la exposición a contaminantes del aire, especialmente a partículas finas, se asocia con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. En contextos urbanos, donde la movilidad motorizada concentra una parte importante de las emisiones, fortalecer los instrumentos de control vehicular tiene relevancia sanitaria, ambiental e institucional.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la Encuesta Origen-Destino 2023 del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) reporta que el automóvil particular representa 25.4% de los viajes diarios. Al mismo tiempo, SEMADET ha señalado que los vehículos son una de las principales fuentes de emisiones en la metrópoli, incluyendo 65% del monóxido de carbono (CO) y 54% de los óxidos de nitrógeno (NOx).

Estos contaminantes inciden en la calidad del aire que respira la población: el CO afecta la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, mientras que los NOx, particularmente el dióxido de nitrógeno (NO₂), se asocian con efectos respiratorios y contribuyen a la formación de ozono troposférico. Esta relación muestra que una proporción minoritaria de los desplazamientos tiene un peso significativo en emisiones relevantes para la salud pública.

El reto se amplifica por la dimensión del parque vehicular. El padrón obligado en las zonas sujetas al programa asciende a 3,012,284 vehículos, de los cuales aproximadamente 80% se concentra en el AMG. En términos prácticos, esto equivale a una presión vehicular muy alta sobre la metrópoli, cercana a un vehículo por cada dos habitantes. Esta condición exige una política pública capaz de operar a escala, con criterios técnicos homogéneos, supervisión permanente y datos confiables.

En este contexto, la verificación vehicular no puede entenderse como un trámite aislado. Es un instrumento de regulación ambiental que requiere confianza pública y capacidad operativa y técnica. Su utilidad depende de que cada prueba se realice bajo reglas claras, genere evidencia verificable y produzca información suficiente para dar seguimiento al desempeño del sistema.

Verificación Jalisco atiende ese reto mediante una transformación institucional y digital del servicio. La lógica de cambio es sencilla: un sistema homogéneo, automatizado, trazable y supervisado permite resultados técnicamente verificables; esos resultados generan información útil sobre el desempeño del parque vehicular; y esa información fortalece la capacidad del Estado para regular emisiones y orientar decisiones públicas. *Estos son los primeros párrafos de la respuesta, para verla completa consultar el archivo adjunto: AplicaciónPremiosNovagob_Verificación Jalisco

La innovación de Verificación Jalisco consiste en transformar la forma de operar un servicio público ambiental de alta interacción ciudadana. No se trató de incorporar herramientas digitales aisladas, sino de integrar tecnología, reglas operativas y diseño institucional para que la verificación vehicular funcione como un sistema trazable, supervisado y con menor margen de discrecionalidad.

El primer componente es la plataforma única estatal para citas, pagos e información del servicio. Esta herramienta ordena la atención, concentra información básica para la persona usuaria y permite que el proceso inicie bajo reglas comunes. Su valor está en vincular el acceso al servicio con un esquema de pago institucional, datos verificables y control administrativo.

El segundo componente es la eliminación de cobros directos en centros de verificación. Al separar la prestación técnica del servicio del manejo directo del pago, el modelo reduce riesgos de discrecionalidad, fortalece la transparencia financiera y da mayor certeza a la ciudadanía. La tarifa uniforme a nivel estatal evita variaciones en el costo del servicio y permite integrar el pago a un esquema trazable.

El tercer componente es la homologación tecnológica. Los centros operan con equipamiento, software y procedimientos estandarizados, lo que permite que las pruebas se realicen bajo condiciones comunes. Esta homologación hace que la información generada sea comparable, auditable y útil para la supervisión del sistema, el análisis de resultados y la mejora continua.

El cuarto componente es la automatización del resultado técnico. La prueba se realiza conforme a procedimientos y parámetros normativos, y el resultado se determina mediante el sistema. Esto reduce la intervención discrecional en la aprobación o rechazo del vehículo, fortalece la objetividad del proceso y protege la integridad técnica del programa. El quinto componente es el monitoreo centralizado en tiempo real.

La operación puede supervisarse mediante información técnica, datos del proceso, audio y video. Con ello, el Estado no depende únicamente de revisiones posteriores, sino que cuenta con elementos para vigilar la operación mientras ocurre, identificar incidencias y fortalecer la calidad del servicio. El sexto componente es la trazabilidad digital integral. Cada prueba genera información sobre el ingreso del vehículo, el desarrollo del procedimiento, la evaluación técnica y la emisión del resultado.

Esto permite reconstruir el proceso, revisar evidencia y contar con datos estructurados para auditoría, supervisión y mejora continua. La innovación también es organizacional. El modelo separa funciones que en esquemas tradicionales podían concentrarse en una misma unidad operativa: atención a la persona usuaria, ejecución técnica de la prueba, emisión del resultado y administración de recursos.

Esta separación ordena responsabilidades y reduce incentivos indebidos. Otro elemento relevante es el esquema de remuneración por prueba aplicada a los operadores privados de los centros de verificación, independiente del resultado obtenido por el vehículo. Esta definición alinea incentivos porque el ingreso asociado al servicio no depende de aprobar o rechazar unidades.

Con ello se fortalece la integridad del proceso técnico. En términos institucionales, Verificación Jalisco representa un esquema de gobernanza regulatoria con funciones diferenciadas: rectoría ambiental, recaudación, administración de recursos, provisión tecnológica, operación de centros, prestación del servicio y supervisión. Esta arquitectura permite integrar capacidades públicas y privadas especializadas bajo reglas comunes, sin concentrar en un solo actor las decisiones técnicas, financieras y operativas.

El impacto de estas innovaciones es que el Estado deja de depender de actos aislados de verificación y pasa a contar con evidencia verificable del proceso completo. La tecnología opera como una herramienta de gestión pública: reduce discrecionalidad, genera datos, permite supervisión remota y fortalece el control institucional. Por ello, el modelo transforma la forma tradicional de gestionar la verificación vehicular.

Pasa de controles dispersos y posteriores a controles permanentes, preventivos y basados en datos. Esta transformación puede orientar otros servicios públicos que requieren inspección técnica, atención masiva, pagos regulados y confianza ciudadana.

Verificación Jalisco funciona mediante una colaboración institucional y operativa permanente. El modelo articula responsabilidades entre instituciones públicas, actores privados especializados, instancias técnicas y espacios de vinculación social que intervienen en regulación ambiental, recaudación, administración de recursos, tecnología, operación, acreditación técnica, supervisión, difusión e información para la toma de decisiones.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) mantiene la rectoría ambiental del Programa de Verificación Vehicular: conduce la política pública, regula el sistema, vigila la operación de los centros, supervisa las pruebas y opera el Centro de Control, desde donde da seguimiento a la información técnica, operativa y audiovisual. La Secretaría de la Hacienda Pública participa en la recaudación del derecho de verificación o, cuando así se define, en la instrumentación del subsidio correspondiente.

Esto permite que el pago se realice por canales institucionales y no en el punto de prestación del servicio. El Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco (FEPAJ) recibe los recursos asociados al derecho de verificación conforme al esquema financiero vigente. Hacienda recauda o instrumenta el subsidio y transfiere al FEPAJ los recursos asociados a verificaciones pagadas.

El FEPAJ conserva la parte destinada a acciones para mejorar la calidad del aire y transfiere al proveedor tecnológico la parte correspondiente por pruebas efectivamente realizadas, incluyendo los montos que después se pagan a los operadores mediante relaciones contractuales homologadas, iguales para todos, incluidos los centros estatales operados por el Organismo Público Descentralizado Agencia Integral de Regulación de Emisiones (OPD AIRE). *Estos son los primeros párrafos de la respuesta, para verla completa consultar el archivo adjunto: AplicaciónPremiosNovagob_Verificación Jalisco

La sostenibilidad y continuidad de Verificación Jalisco se sostiene en tres dimensiones complementarias: normativa, institucional y operativa-financiera. Esta estructura permite que el programa no dependa únicamente de decisiones administrativas de corto plazo, sino de mandatos jurídicos, capacidades públicas instaladas, reglas técnicas y mecanismos permanentes de operación.

En la dimensión normativa, la política pública se vincula con el derecho a un medio ambiente sano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con el marco federal de prevención y control de la contaminación atmosférica previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus disposiciones reglamentarias.

Además, la operación técnica de las pruebas se realiza en apego a Normas Oficiales Mexicanas aplicables, entre ellas las relativas a procedimientos de medición y verificación de emisiones provenientes de vehículos automotores en circulación. Este marco federal se complementa con la legislación estatal, el Programa de Verificación Vehicular, los manuales operativos y las disposiciones emitidas por la autoridad ambiental estatal.

En la dimensión institucional, el modelo descansa en la rectoría de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), como autoridad responsable de conducir la política ambiental, regular el funcionamiento del sistema, vigilar la operación de los centros, supervisar las pruebas y operar el Centro de Control. Esta rectoría permite mantener control público sobre un servicio en el que participan actores privados y proveedores especializados.

La continuidad también se fortalece mediante una distribución formal de responsabilidades entre instituciones del Gobierno de Jalisco. La Secretaría de la Hacienda Pública participa en la recaudación del derecho de verificación o en la instrumentación del subsidio correspondiente; el Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco administra y dispersa recursos conforme al esquema financiero vigente; el proveedor tecnológico mantiene la infraestructura técnica del sistema; los operadores privados prestan el servicio bajo reglas homologadas; y el OPD AIRE participa como ente público especializado mediante la operación de centros estatales y unidades móviles, difusión, vigilancia dentro de sus atribuciones y generación de información operativa.

Esta distribución evita que las funciones normativas, financieras, tecnológicas y operativas se concentren en un solo actor. En la dimensión operativa, el programa cuenta con infraestructura instalada: 21 centros de verificación con 78 líneas de prueba y dos unidades móviles administradas exclusivamente por el Estado a través del OPD AIRE. Estas unidades móviles suman tres líneas: una con capacidad para verificar vehículos de todos los combustibles y una unidad exclusiva para diésel con dos líneas que pueden operar simultáneamente.

Esta capacidad operativa se complementa con personal técnico, procedimientos estandarizados, equipamiento homologado, sistemas tecnológicos centralizados y supervisión en tiempo real. La homologación de equipos, software y procedimientos permite mantener condiciones comunes de operación en la red de centros. La generación de evidencia digital, el monitoreo audiovisual y de datos, y la trazabilidad integral de cada prueba reducen la dependencia de revisiones posteriores y permiten supervisión preventiva durante la operación.

Estos elementos facilitan la detección de incidencias, la revisión de desempeño y la actualización de procesos. La sostenibilidad financiera se apoya en un esquema con reglas definidas para el flujo de recursos. El pago del derecho o el subsidio, según corresponda, se procesa por canales institucionales; los recursos se transfieren al FEPAJ; una parte se conserva para acciones orientadas a mejorar la calidad del aire en el estado; y otra se dispersa al proveedor tecnológico conforme a pruebas efectivamente realizadas, incluyendo los montos que posteriormente corresponden a los operadores.

Este diseño separa la administración financiera de la evaluación técnica del vehículo y evita cobros directos en los centros. Otro elemento de continuidad es la capacidad de adaptación del modelo. La verificación vehicular opera conforme a Normas Oficiales Mexicanas, por lo que los criterios técnicos de medición y evaluación no se modifican discrecionalmente a nivel estatal.

En caso de actualizaciones normativas federales o ajustes técnicos aplicables, el diseño del modelo permite incorporar los cambios mediante la actualización de procedimientos, sistemas y equipamiento. El proveedor tecnológico está obligado a mantener la infraestructura compatible con los requerimientos vigentes. La sostenibilidad y continuidad de Verificación Jalisco no depende solo de una plataforma o de equipamiento especializado.

Depende de que la tecnología esté integrada a un marco jurídico, una autoridad rectora, instituciones con funciones definidas, infraestructura instalada, personal capacitado, reglas financieras, supervisión permanente y capacidad de mejora continua. En conjunto, estos elementos dan al programa condiciones de permanencia más allá de coyunturas administrativas.

Verificación Jalisco tiene potencial de escalabilidad porque está diseñado como una red de operación con estándar común. El modelo no depende de que cada centro defina su propia tecnología, procedimiento, esquema de cobro o forma de supervisión. Por el contrario, opera mediante una arquitectura modular: plataforma única, pago institucional, equipamiento homologado, software común, resultados automatizados, trazabilidad digital, monitoreo centralizado y reglas operativas compartidas.

Esto permite que la red pueda crecer con nuevos centros, líneas de prueba o unidades móviles sin modificar la lógica central del sistema. Esa característica es relevante para un servicio público de alta demanda. La verificación vehicular requiere capacidad de atención, cercanía territorial y consistencia técnica. Un modelo basado en estándares comunes permite ampliar cobertura de manera ordenada, porque cada nueva unidad operativa debe integrarse al mismo sistema tecnológico, financiero y de supervisión.

Así, el crecimiento de la red no implica fragmentar el programa, sino extender una misma forma de operación. La experiencia también es replicable en otras entidades federativas. El problema de calidad del aire y el control de emisiones vehiculares no es exclusivo de Jalisco. Diversas ciudades del país enfrentan retos asociados al crecimiento del parque vehicular, congestión, emisiones contaminantes y necesidad de fortalecer la confianza en los instrumentos de verificación.

En ese contexto, el modelo de Jalisco ofrece aprendizajes útiles para otros gobiernos que busquen transitar de esquemas dispersos a sistemas con mayor control público, trazabilidad y supervisión. La replicabilidad no significa copiar el modelo de manera automática. Cada entidad tiene un marco jurídico, capacidades institucionales, condiciones presupuestales y necesidades operativas distintas.

Sin embargo, sus componentes centrales sí pueden adaptarse: plataforma única de atención, pago centralizado, eliminación de cobros directos, tarifa uniforme, homologación tecnológica, resultados automatizados, monitoreo remoto, evidencia auditable y datos estructurados para supervisión. La referencia pública de SEMARNAT fortalece esta dimensión. Sergio Zirath Hernández, una de las voces técnicas más relevantes del país en materia de control de emisiones vehiculares, ha señalado públicamente que Verificación Jalisco constituye un modelo replicable a nivel nacional.

Esta referencia no sustituye la evaluación continua del programa, pero sí confirma que la experiencia local puede aportar elementos técnicos e institucionales para otros contextos. La experiencia de Jalisco también ha sido presentada en espacios técnicos especializados vinculados con verificación vehicular y control de emisiones, como CITA LATAM y espacios asociados a VERT.

CITA LATAM forma parte del ecosistema internacional de inspección técnica vehicular, mientras que VERT es una asociación dedicada a promover la mejor tecnología disponible para el control de emisiones, con énfasis en la reducción de partículas ultrafinas y en estándares técnicos para tecnologías de control. Estas participaciones permitieron compartir el modelo con actores nacionales e internacionales y abrir intercambio sobre trazabilidad, homologación tecnológica, medición de emisiones y control institucional.

Deben entenderse como exposición técnica del modelo, no como certificación o validación externa de resultados. Entre los aprendizajes transferibles destacan: separar el cobro de la evaluación técnica; alinear incentivos para que el ingreso no dependa del resultado de la prueba; automatizar resultados conforme a parámetros normativos; homologar tecnología; generar evidencia audiovisual y de datos; y diferenciar con claridad las funciones de rectoría, recaudación, administración financiera, tecnología, operación y supervisión.

El modelo también puede orientar otros servicios públicos con características similares: inspecciones técnicas, autorizaciones reguladas, revisiones sujetas a evidencia, servicios con pagos obligatorios y procesos de alta interacción ciudadana. En todos esos casos, la lógica es aplicable: reducir discrecionalidad, estandarizar procedimientos, generar trazabilidad, supervisar en tiempo real y producir información útil para la toma de decisiones.

El programa de Verificación Jalisco no es solo una solución local para administrar un trámite ambiental. Es una experiencia de modernización regulatoria que puede escalar dentro del propio estado y aportar aprendizajes a otros gobiernos interesados en diseñar servicios públicos técnicos, trazables y supervisados.

Verificación Jalisco ha generado resultados verificables en la forma de administrar, supervisar y evaluar el servicio de verificación vehicular. La principal evidencia no es solo la existencia de herramientas digitales, sino el cambio en la capacidad del Estado para controlar el proceso completo: desde la cita y el pago hasta la prueba, el resultado, la supervisión y el uso de información para la toma de decisiones.

El primer resultado es el ordenamiento del servicio para la ciudadanía. La plataforma única estatal concentra citas, pagos e información, lo que redujo la dispersión de canales y permitió establecer un punto común de acceso. La tarifa uniforme y la eliminación de cobros en centros de verificación generaron mayor certeza sobre el costo del servicio y fortalecieron la trazabilidad financiera.

Con ello, el pago dejó de estar vinculado al punto de prestación del servicio y pasó a procesarse mediante canales institucionales. El segundo resultado es el fortalecimiento del control técnico de las pruebas. La red opera con equipamiento homologado, software común, procedimientos estandarizados y resultados automatizados conforme a parámetros normativos. Esto permite que las pruebas se realicen bajo criterios comunes y que el resultado no dependa de decisiones individuales.

Cada prueba genera evidencia digital desde el ingreso del vehículo hasta la emisión del resultado, lo que permite revisar incidencias, auditar información y supervisar la operación con mayor precisión. El tercer resultado es la supervisión permanente. El monitoreo centralizado en tiempo real, mediante datos, audio y video, permite pasar de un esquema basado principalmente en revisiones posteriores a un modelo con controles preventivos durante la operación.

Esta capacidad permite a la autoridad observar el desempeño de los centros, verificar la correcta ejecución de pruebas, detectar incidencias y fortalecer la calidad del servicio. El cuarto resultado es la disponibilidad de información estructurada para el Estado. El sistema genera datos sobre número de pruebas realizadas, resultados aprobatorios y no aprobatorios, causas de rechazo, tipo de combustible, características del parque vehicular verificado, desempeño de líneas e incidencias detectadas durante el proceso.

Esta información permite identificar patrones, orientar acciones de comunicación, ajustar capacidades de atención, fortalecer la supervisión y apoyar decisiones de política pública ambiental. En términos de capacidad instalada, el programa cuenta con 21 centros de verificación con 78 líneas de prueba y dos unidades móviles administradas exclusivamente por el Estado a través del OPD AIRE.

Estas unidades móviles suman tres líneas: una con capacidad para verificar vehículos de todos los combustibles y una unidad exclusiva para diésel con dos líneas que pueden operar simultáneamente. Durante 2025 se realizaron 1,062,854 verificaciones efectivas en zonas obligadas. Tomando como referencia un padrón obligado de 3,012,284 vehículos, ello representa aproximadamente 35.3% del universo sujeto al programa.

Este resultado constituye el mejor año histórico de operación y demuestra que el sistema tiene capacidad para funcionar a escala. Al mismo tiempo, confirma que el programa se encuentra en una etapa de consolidación y que requiere continuidad para ampliar cobertura, fortalecer cumplimiento y avanzar hacia mayores beneficios ambientales. Desde la perspectiva ambiental, los resultados deben entenderse como condiciones habilitantes para una política de control de emisiones más efectiva.

La tecnología, la trazabilidad, la supervisión y la información estructurada no sustituyen el objetivo ambiental; lo hacen más viable, medible y verificable. Conforme a estimaciones técnicas de SEMADET, alcanzar niveles cercanos al 60% del padrón obligado constituye un umbral relevante para comenzar a generar efectos visibles en la calidad del aire. Por ello, el resultado de 2025 debe leerse como un avance operativo e institucional significativo, no como punto final de la política.

Como evidencia cualitativa de su proyección técnica, el modelo ha sido presentado en espacios especializados como CITA LATAM y foros asociados a VERT, lo que ha permitido compartir la experiencia de Jalisco con actores nacionales e internacionales interesados en el fortalecimiento de programas de control de emisiones vehiculares. Además, existe referencia pública de SEMARNAT sobre elementos del modelo de Jalisco, particularmente en materia de control, trazabilidad y fortalecimiento institucional.

En conjunto, los resultados muestran una transformación concreta: el Estado cuenta con un servicio más ordenado, una prueba técnicamente controlada, supervisión en tiempo real, evidencia auditable y datos para tomar decisiones. Estos cambios fortalecen la confianza pública, reducen espacios de discrecionalidad y mejoran la capacidad institucional para sostener una política ambiental regulatoria basada en información.